La vivienda pública de Madrid no se vende, se defiende

En la mañana de ayer, lunes 18 de enero, se aprobó en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Madrid el Plan Económico Financiero (PEF) en el que se aplican los recortes impuestos por el Gobierno Central para los presupuestos para el año 2018 y próximos años.

Tras la venta de 1.860 viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid al fondo buitre BlackStone por parte del gobierno del PP en 2013, ahora con este PEF, se recortarán 100,4 millones de euros en subvenciones a las familias, asociaciones y programas de vivienda; lo que afecta directamente a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), a la cuál se le recortarán 22.751.842 € en transferencias para el pago de servicios y 22.822.460 € en construcción de vivienda pública. Este nuevo recorte limita mucho más las posibilidades para acceder a una vivienda pública a las familias más vulnerables y con necesidades acuciantes, como todas aquellas inmersas en un proceso de desahucio.

Apesar del  dictamen de la ONU que insta a evitar desahucios de familias vulnerables en invierno, el dictamen DESC y la Convención de los Derechos del niño de 1989; en el «Madrid sin desahucios» de Manuela Carmena, se siguen ejecutando desahucios a diario. Además, las alternativas que ofrecen los Servicios Sociales a las familias tras estos procesos, son albergues o la desestructuración de las mismas separándo a sus miembros en distintos espacios. Alternativas que, a nuestro parecer, son inaceptables cuando con una buena gestión de las viviendas se podrían evitar estas situaciones violentas, sobre todo para los más pequeños.

Desde la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social (PAVPS) creemos que, a pesar del superhábit, la aceptación de estos recortes, por parte de Ahora Madrid, quien gobierna en el Ayuntamiento de Madrid, es sucumbir a las políticas antisociales y neoliberales impulsadas desde el Gobierno central del PP primando el interés del pago de la deuda a bancos por encima de las necesidades básicas de las familias. Aunque mantenemos reuniones periódicas con la Concejala de Vivienda, Marta Higueras, y su equipo para valorar el estado de la vivienda en Madrid, exigimos al Gobierno del Ayutamiento de Madrid la expropiación de la vivienda vacía de los bancos que han sido rescatados con el dinero público, el de todas, y que se agilice la investigación de la venta de vivienda pública llevada por el Gobierno de Ahora Madrid y poder así reintegrar los 18 edificios al parque de vivienda pública.

La vivienda pública no se vende, se defiende.

Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social.

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